Ayer 6 de diciembre de 2011, se celebró el trigésimo tercero (33º) aniversario de la Constitución Española. Dicha Constitución es una de las tres patas del trípode que sostiene a nuestra democracia burguesa, junto con la Monarquía y la Transición, también indivisibles y sacrosantas pero subordinadas a la primera. Y digo subordinadas básicamente porque tanto la Monarquía como la Transición se maquean y se legitiman gracias a la primera. Por ejemplo, si alguien llega y dice que la Transición no fue modélica sino un remiendo cutre y que, por ejemplo, las fuerzas represoras mataron a más personas entre 1977 y 1979 (107) que entre 1970 y 1973 (11)*, es respondido por un claro “la Transición democrática se llevó a cabo por todos los sectores del pueblo español y eso se manifiesta en la Constitución de 1978, aceptada por la inmensa mayoría del pueblo español”. Por otra parte, si decimos algo tan descabellado como que la Monarquía per se es un atraso y que la española más todavía por su clara vinculación con el franquismo, somos respondidos por un claro “no hay que olvidar que como dice la Constitución, el Rey es el Jefe del Estado y el símbolo de la unidad, como tampoco hay que olvidar que la Constitución fue y es aceptada por la inmensa mayoria del pueblo español”.
Total, que la Constitución es la piedra angular del sistema bipartidista que tiene al país manga por hombro y sumido en el paro y en la pobreza. Por lo tanto, cualquier pretensión que tengamos de cambiar algo que ataña al sistema en su conjunto, choca frontalmente con la Constitución, aunque no hay que olvidar que medidas importantísimas de carácter progresista para salir de la ciénaga en la que nos han metido se podrían realizar con la Constitución en la mano, como bien señala Julio Anguita en sus conferencias sobre la crisis.
En nuestra constante tarea de pedagogía hay que dejar bien claro que esta Constitución no nos representa por muchas razones, no sólo porque a día de hoy es papel mojado puesto que día sí y día también se ignora o directamente se vulnera, como hicieron hace poco PSOE y PP a merced de los mercaderes europeos cuando incluyeron en ella el dogma neoliberal.
No nos representa principalmente, y aunque alguno se pueda sorprender, porque somos de izquierdas. Así de claro. Y como además vivimos en un país en el que por su historia ser republicano adquiere aún más sentido del natural, insistimos y nos reafirmamos: no nos representa.
Como buena gente de izquierdas, apostamos por una sociedad justa e igualitaria en la que todos los ciudadanos seamos iguales y tengamos las mismas posibilidades. Y es aquí, en esta primera y superficial premisa, que por cierto subscribiría el 99% de los españoles, donde entramos en conflicto con la Constitución (¡y eso que todavía, a pesar de que somos unos trasnochados, no hemos hablado de la abolición de la propiedad privada y las clases sociales!). ¿Por qué? Porque el hecho de que la Jefatura del Estado se herede por vía vaginal es algo totalmente retrógrado, propio de sociedades mediavales. Y también machista, por cierto, como deja claro el Artículo 57.
Si a nuestra primera y superficial premisa le vamos sumando detallillos como el Artículo 56 que convierte a la persona del Rey en inviolable y fuera de toda responsabilidad, y además recordamos que ese mismo Rey es Rey por la La Ley de Sucesión, es decir por la Gracia de Dios y de Franco, al cual describió con gratitud como una figura expcepcional; que es el mismo que juró guardar lealtad a los principios del Movimiento Nacional (franquismo); que es el mismo que muestra abiertamente su amistad con dictadores como Mohamed VI o Abdalá bin Abdelaziz; que es el mismo que, hablando de sacrificios, cobra nueve millones de euros anuales de los españoles a los que se supone que representa, y un largo etcétera, podemos entender a personas como Antonio Romero que se desgañitan para abrir un proceso constituyente que desemboque en la III República y esto es, queramos o no, en una nueva Constitución. En una que, aparte de recoger los derechos inalienables más básicos de los ciudadanos, no se olvide de los cientos de miles de luchadores que fueron asesinados por defender la libertad y la democracia, no sólo durante la Guerra Civil sino también en la posguerra.
Cuando esa nueva Constitución, impulsada por el pueblo soberano, concienciado y libre de amenazas, sea un hecho y garantice los derechos y los deberes de todos los ciudadanos en su conjunto, sean ricos, pobres o formen parte de cualquier institución como puede ser la Jefatura del Estado, podremos celebrarla. O en el peor de los casos al menos respetarla. Hoy en día, no podemos hacer ninguna de las dos cosas, por eso, entre otras cosas, los concejales de IU tomamos posesión de nuestros cargos “por imperativo legal”. Porque no nos representa, porque a día de hoy es la Constitución de unos cuantos: de Emilio Botín y sus capataces, cuyos intereses económicos están blindados en ella y no corren ningún peligro, a no ser que tanto a PP como a PSOE les de un tic democrático y hagan cumplir el artículo 47, o el 40 o el 128 que dice algo muy curioso:
Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Conociendo la naturaleza de ambos partidos, está claro que eso no va a ocurrir, ya que esas cosas sólo pasaron tras la Transición, cuando algunos se acostaron franquistas y se levantaron demócratas (supongo que cuando se proclame la República, nadie tendrá pasado monárquico o juancarlista). Por lo tanto, nuestra lucha es otra, nuestra lucha está en la calle, en los barrios, en nuestra casa, en el bar, en la facultad, etc. y consiste en la concienciación y en la movilización popular que, canalizada de forma inteligente en todos los frentes, ejerza una presión tan importante que hasta al más monárquico le revienten los tímpanos.
* Datos recogidos en Evolución social, criminalidad y cambio político en España de Alfonso Serrano Gómez, Madrid, 1983.
Ángel de la Cruz, estudiante de Ciencias Políticas y de la Administración y concejal de IULV-CA.