Los procesos históricos difícilmente pueden reducirse a una concatenación de hechos concretos y aislados que, con sus respectivas fechas, podrían sintetizarse en una cronología. Detrás de cada proceso existe una realidad poliédrica con una multitud de factores que a veces escapan a la vista. La política es una correlación de fuerzas con la disputa del poder como objetivo central que no se puede desligar de los ciclos estructurales económicos y geopolíticos de fondo. Si partimos de esta premisa los árboles no deberían impedir que veamos el bosque. En el relato hegemónico de la Transición, esos árboles son los grandes líderes políticos y el bosque factores determinantes como el contexto internacional o el conflicto social. Dicho relato fue la mentira sobre la que se asentó el régimen y el origen del déficit democrático sin el cual no se podría entender su actual crisis.
La Transición fue un proceso exitoso en tanto en cuanto «su espíritu» ha funcionado como el principal operador político en las últimas décadas. Fue el rito fundacional sobre el que descansó la legitimidad del régimen. Lo dijo El joven papa de Paolo Sorrentino: «Donde hay ritos reina el orden natural». Ese orden natural, en este caso, sería la legitimidad weberiana sobre la que se asientan un conjunto de tradiciones y leyes –unas escritas, otras no–. Lo resumió magistralmente Felipe González: «Con las cosas de comer no se juega». Es decir, hay cosas que no se pueden cuestionar. Sus protagonistas entienden que cuestionar la Transición es cuestionar sus biografías; y así es en cierto modo. Para los representantes del establishment, la Transición es como Dios para los cardenales.
El período convulso permitió que cada uno se hiciera una biografía a la carta. De ahí la importancia de un «pacto de olvido» sobre los 40 años de dictadura y el papel que cada uno de ellos desempeñó. La palabra estrella que definiría el espíritu de la Transición sería «consenso». Pero éste no fue el resultado de la altura de miras de unos estadistas que renunciaron a una parte de sus aspiraciones para conseguir conjuntamente una base mayor de apoyo. El llamado consenso fue el resultado de lo que Vázquez Montalbán definió como «correlación de debilidades», que se podría resumir en que los franquistas no tuvieron la capacidad para seguir mandando a la vieja usanza y los demócratas no tuvieron la capacidad de imponer la ruptura. No fue el resultado de la generosidad de unos grandes líderes, sino de una necesidad mutua. Los franquistas, que eran conscientes de que la apertura se tornaba inevitable, temían que el proceso se les fuera de las manos si no dejaban jugar a todos, y concretamente a los comunistas. Éstos, por su parte, temían quedar relegados a una eterna posición de marginalidad una vez muerto Franco.
El peaje que pagarían los primeros sería la inclusión de los segundos sin necesidad de cambiar sus históricas siglas por un nombre más «moderno» como unos años más tarde harían con la creación de Izquierda Unida o sus homólogos italianos con el Partido Democrático de la Izquierda. Esta concesión de Adolfo Suárez ante Santiago Carrillo le costaría un enfrentamiento con las élites franquistas, incluidas las que mudaron en «reformistas», entre ellas el Rey Juan Carlos I y Torcuato Fernández Miranda, uno de los estrategas más importantes de la Transición. Esta «autonomización» de Suárez respecto a los poderes fácticos que le auparon como Presidente le acabaría costando su carrera política, hundida por quienes aun con el cuerpo caliente se pelearon por su herencia reformista. Una de las tantas paradojas que dejaría un proceso tan complejo como contradictorio sería la defenestración de Suárez ejecutada por la derecha política, la banca y el Rey, al tiempo que Carrillo se convertía en uno de sus grandes defensores, llegando a afirmar que si era sustituido por Calvo Sotelo, el PCE le haría a éste «la vida imposible». No por casualidad, tan solo unos años más tarde el CDS utilizaría como lema el sugerente «Yo también tengo problemas con la banca». Las élites económicas pueden perdonar muchos defectos a un político, pero nunca la imprevisibilidad.
El precio que pagaron los comunistas por participar en el proceso no fue menor. Normalmente se reprocha por su poder simbólico la aceptación de la monarquía y los pactos de la Moncloa. Sin embargo, lo que desnortaría al PCE no sería tanto la aceptación en sí como el tacticismo con el que se pretendió legitimar la decisión. Se pasaba de la noche a la mañana de un discurso a otro sin debate alguno. La autonomización de Carrillo respecto al Comité Central se produjo años antes de que dijera públicamente que se pasaba sus acuerdos por el «arco del triunfo». De ahí en adelante se produjeron una serie de actos de cara a la galería que en realidad no escondían un debate ideológico profundo sino un fallido intento de legitimación de cara a una parte importante de la sociedad. Valga como ejemplo el anuncio de la propuesta de abandono del leninismo que Carrillo hizo en noviembre de 1977, sin previo debate, nada más y nada menos que en los Estados Unidos. Avanzado el proceso, el debate entre reforma y ruptura dejó de tener sentido al constatarse que la ruptura era inviable. El verdadero debate era cómo adaptar estrategia y discurso de la manera menos dañina posible a una situación que no se contemplaba en un principio. Ahí perdió el PCE la desigual carrera por liderar la oposición.
Resulta inevitable plantearse si la Transición se podría haber desarrollado de otra forma. En política siempre hay alternativas, pero nunca podemos olvidar que la correlación de fuerzas normalmente pesa más que la voluntad. La visión hegemónica oficialista que describe la Transición como un proceso modélico comparte con la visión hegemónica dentro de la llamada izquierda radical (según la cual unos dirigentes traidores frenaron el advenimiento de la revolución socialista), una simplificación que acentúa el poder de los grandes líderes e infravalora el resto de factores: el contexto internacional, la conflictividad social, la correlación de fuerzas, etc. En cualquier caso, la derrota de las posiciones rupturistas no hizo sino confirmar el éxito de una Transición que se diseñó desde un primer momento precisamente para que dichas posiciones fueran derrotadas. Resulta difícil acotar el proceso de Transición: ¿se inició cuando Franco designó a Juan Carlos I como futuro sucesor? ¿Con el atentado a Carrero Blanco? ¿Con la muerte del dictador? No hay unanimidad sobre cuál es la fecha que mejor acotaría el proceso por su inicio, pero sí –desde una perspectiva crítica– que el objetivo primordial siempre fue neutralizar a los comunistas para garantizar que no se cuestionaran las bases económicas del régimen ni se produjera una depuración de los aparatos franquistas.
Cuentan que Franco corrigió a un diplomático estadounidense asombrado por la grandeza del Valle de los Caídos. Según el dictador, su verdadero monumento era la clase media. En efecto, el régimen no solo representaba los intereses de la oligarquía financiera y de los terratenientes, también de la clase media más conservadora que surgió al calor del «desarrollismo» económico de los sesenta y setenta. Lo resumió José Luis Arrese, Ministro de Vivienda: «Queremos un país de propietarios y no de proletarios», sentando las bases de la especulación inmobiliaria que acabaría conformando el capitalismo rentista «de amiguetes» que estallaría más tarde en 2008.
El Seat 127 y la eterna amenaza bolchevique garantizaron al franquismo una relativa estabilidad, desdibujada a posteriori por los relatos de quienes se acostaron franquistas y amanecieron demócratas con un asombroso currículum de lucha bajo el brazo. La esperanza de ascenso social creó una clase media advenediza que más tarde se intentó vender como «oposición silenciosa». De ese «prospera a costa de lo que haga falta» nacería lo que posteriormente se denominaría «franquismo sociológico», todavía presente en ciertos sectores de la sociedad. Un egoísmo y una complicidad con la corrupción que sigue siendo uno de los factores principales para entender el panorama político-electoral en determinados sitios.
La Transición dejó intactas las bases económicas del franquismo, de manera que quienes estaban satisfechos con el régimen franquista lo estuvieron después con el democrático[1]. Al presidente de un banco le preguntaron si la noche del 23-F pasó miedo, a lo que contestó que no, ya que él seguiría siendo el presidente del banco con independencia del resultado del golpe. «Con las cosas de comer no se juega», o lo que es lo mismo: «democracia pero sin pasarse de la raya». A pesar de que Carrillo logró imponer un discurso legitimador que vendía como una victoria lo que a todas luces era una derrota, algunos dirigentes como Julio Anguita no lo tenían tan claro. Lejos de una euforia impostada, el cordobés escribió en septiembre de 1977: «La libertad y la democracia tienen en la sociedad capitalista como límite el punto en que sea cuestionado peligrosamente su fundamento: la propiedad privada de los medios de producción»[2].
La Transición tampoco depuró los aparatos del régimen. En el plano político se ampliaron las posibilidades de acceso a las instituciones, pero en éstas permanecieron en un primer plano quienes cargaban sobre sus espaldas con violencia, represión y terrorismo. La división entre los del «búnker» y los «reformistas» fue una efectiva manera de maquillar a los segundos, pero la realidad es que todos ellos venían del mismo sitio: de Juan Carlos I a Suárez pasando por Fraga. Mejor suerte corrió –si cabe– la flor y nata de la judicatura y las fuerzas represivas, pasando incólume de la dictadura a la democracia como el que se levanta atrevido y cambia de look de un día para otro. La lista sería interminable, pero pocas personas representan mejor las carencias de la Transición que el torturador Antonio González Pacheco, apodado «Billy El Niño», en busca y captura por la justicia argentina, no así por la española. En un juicio al que fue llamado a declarar el 24 de abril de 1979, a cuatro años de la muerte de Franco y a dos de las primeras elecciones, dijo: «La Brigada Político-Social a la que pertenecí hasta 1977 no ha desaparecido. Sólo se le cambió el nombre»[3].
La Transición se podría resumir desde una óptica gramsciana como una «revolución pasiva». Las élites franquistas, conscientes de su vulnerabilidad, se vieron obligadas a asumir una serie de reformas democratizadoras y a integrar a una parte importante de la oposición en un proceso de «transformismo», sembrando la desmoralización dentro de las capas más concienciadas del antifranquismo. Lo resumió Arias Navarro –«el carnicero de Málaga»–, uno de los representantes del continuismo franquista que, sin embargo, era consciente de la encrucijada histórica: «O hacemos el cambio nosotros o nos lo hacen». Esa fue la dialéctica que asumieron los franquistas una vez que el contexto internacional, con el agravante que supuso la Revolución de los Claveles en Portugal, hizo del cambio algo inevitable para mantener, paradójicamente, algunos elementos claves del franquismo.
Una vez neutralizado el PCE, solo quedaba apadrinar una oposición nueva, moderna y respetable: el PSOE de Felipe González. Los franquistas se aseguraban de que nadie tiraría al niño con el agua sucia y los amigos norteamericanos y alemanes de que España sería un aliado estratégico y un socio económico en el proceso de integración europea. El «exitoso» golpe del 23 de febrero de 1981, descrito por la administración norteamericana como un asunto «exclusivamente interno», no hizo sino allanar la estrategia trazada por ésta, coincidiendo con la deriva beligerante de la política exterior propiciada por la victoria de Ronald Reagan. Tan solo seis meses antes, la CIA codirigía con éxito expedito el golpe de Estado en Turquía para asegurarse el control anticomunista de la región.
Suárez, al que Juan Carlos I y Torcuato Fernández Miranda intentaron utilizar como marioneta desde el primer momento, demostró una gallardía imprevista que le costó su defenestración. Era un político en cierta medida acomplejado por su origen falangista y por su escaso bagaje intelectual, lo que le llevó a tener una actitud menos servil con los poderes económicos tanto nacionales como internacionales. Su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, diría más tarde que Suárez apuntaba «un cierto antiamericanismo» y que «corregir y precisar ese rumbo» fue uno de sus primeros propósitos como Presidente[4]. Los resultados del golpe fueron nítidos. España ingresó en la OTAN, el nuevo espíritu centralista frenó el desarrollo autonómico y trajo la LOAPA, se acabó por someter a la oposición –incluidos los dos sindicatos mayoritarios– que terminó firmando el Acuerdo Nacional de Empleo y se detuvieron las exhumaciones de fosas comunas. Como acabó reconociendo más tarde Suárez ante la periodista Victoria Prego, en las encuestas que manejaban la República era la opción predilecta por el pueblo español, doblando el apoyo de la monarquía[5].
Hasta el momento, la popularidad de Juan Carlos I era escasa y su legitimidad de origen procedía del 18 de julio de 1936 y de la designación por parte de Franco en 1969. Tras el 23-F, el Rey se convirtió en el «padre de la democracia» española. Resulta obvio pensar que la Casa Real supo de la jugada en todo momento. Resulta más complicado otorgar un grado de responsabilidad, pero declaraciones como las del jefe del CESID –Andrés Cassinello– («es mejor no saberlo todo»), o del propio jefe de la Casa Real –Sabino Fernández Campos– («el que busca afanosamente la verdad, corre el riesgo de encontrarla») no hacen sino insinuar que el Rey jugó un papel importante en la sombra.
Una vez triturada la UCD, solo quedaba que la ley electoral, redactada por las Cortes franquistas para frenar a la izquierda como reconoce la mismísima FAES[6] (sobrerepresentando a las zonas rurales menos pobladas e infrarepresentando a las zonas industriales y urbanas más pobladas), hiciera de la alternancia bipartidista el sostén político del régimen durante 30 años. Las listas cerradas y bloqueadas hicieron las delicias de la «ley de hierro de la oligarquía» descrita por Robert Michels. Las circunscripciones provinciales ayudaron a que los aparatos de los partidos pudieran eliminar de un plumazo a sus miembros díscolos, facilitando el liderazgo de las élites partidistas en detrimento de las bases y originando un proceso de subordinación, dependencia y «cartelización» respecto del Estado. Los partidos renunciaron a su vocación de masas y se convirtieron en meras asociaciones, en órganos autónomos insertos en el propio Estado. Así, la política «stricto sensu» pilotó en torno a unos líderes cooptados, despojada de su capacidad transformadora al dejar fuera de juego a las masas. El «consenso» consistió en que los diferentes líderes se comprometieron a ejercer de catalizadores, apaciguando las demandas sociales y dirigiéndolas hacia un estrechísimo marco político-institucional viciado de antemano. El objetivo: la paz social. Cuando la oposición política y sindical quiso reaccionar a finales de los ochenta contra la deriva del gobierno de Felipe González, se encontró un desolado paisaje: aparte de la desmovilización social fruto tanto de la derrota sufrida en la Transición como de la estrategia institucionalista de los diferentes partidos, ya funcionaban como corsé y coartada los acuerdos supranacionales.
El «prospera y no mires cómo» siguió legitimando la corrupción política desde lo más mundano hasta los asuntos de alto copete. Parecía que a todos les iba bien. La policía del ministro Rodolfo Martín Villa, conocido como «la porra de la Transición», en 1976 detenía a jóvenes por llevar El País bien visible y en 1977 registraba la casa de Juan Luis Cebrián. Durante el atentado ultraderechista a la redacción del periódico que un año más tarde le costaría la vida a un trabajador, seguía siendo Ministro del Interior. Décadas más tarde, Martín Villa y Cebrián se convirtieron en Presidente y Director General de la misma sociedad a la que pertenece El País[7]. Sin embargo, la crisis económica rompió más tarde el relato del ascenso social de las clases medias, Juan Carlos I abdicó entre escándalo y escándalo, el bipartidismo como reparto simbólico de posiciones quebró y saltaron las costuras del encaje territorial del Estado. El intento de reconstrucción del espíritu del «consenso» desde los medios de comunicación tras la muerte de Suárez en 2014 fue un síntoma del nuevo tiempo que se abría.
[1]Morán, Gregorio. (2015). El precio de la transición (p. 242). Madrid: Ediciones Akal.
[2]Anguita González, Julio. (2011). Combates de este tiempo (p. 25). Córdoba: Editorial El Páramo.
[3]Sánchez, Mariano. (2010). La transición sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983)(p. 77). Barcelona: Península.
[4]Grimaldos, Alfredo. (2006). La CIA en España. Espionaje, intrigas y políticas al servicio de Washington (p. 190). Barcelona: Debate.
[5] Garcés, Joan. (2012). Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles (p. 171). Madrid: Siglo XXI de Editores, S. A.
[6]Iglesias, Pablo & Monedero, Juan Carlos. (2011). ¡Que no nos representan! El debate sobre el sistema electoral español(p. 53). Madrid: Editorial Popular.
[7]Morán, Gregorio. (2014). El cura y los mandarines. Historia no oficial del bosque de los Letrados. Cultura y política en España. 1962-1996 (p. 573). Madrid: Ediciones Akal.
